La RFEC inicia acciones legales frente a una nueva prohibición cautelar de la caza en Castilla y León
06.11.2026 - Federación Navarra de Caza
· La entidad actuará en representación de todas las federaciones autonómicas y junto a la Federación de Caza de Castilla y León, y ejercerá cuantas acciones legales resulten necesarias para defender los intereses del sector cinegético
Madrid, 6 de noviembre de 2026. La Real Federación Española de Caza (RFEC) emprenderá medidas legales frente a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) de impedir cautelarmente la caza de cinco especies de aves. De este modo, se opone al auto dictado el pasado 4 de noviembre por el TSJ a raíz del recurso presentado por SEO/BirdLife.
La medida, adoptada sin escuchar previamente a la Administración autonómica, establece provisionalmente un cupo de capturas de cero ejemplares para la becada, la avefría europea, la agachadiza común, la agachadiza chica y el silbón europeo, impidiendo en la práctica su aprovechamiento cinegético.
La RFEC considera especialmente grave y preocupante que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León haya acordado, a petición de SEO/BirdLife, una medida cautelar que no se limita a suspender la aplicación de la orden recurrida, sino que interviene directamente sobre su contenido, sustituyendo los cupos de captura establecidos por la Administración por una prohibición de facto de la caza de cinco especies.
Esta decisión, además de haberse adoptado sin escuchar previamente a la Administración ni a los colectivos afectados, plantea importantes interrogantes sobre los límites de las medidas cautelares y hasta qué punto las disposiciones judiciales pueden llegar a sustituir las competencias que corresponden a la Administración en la regulación de la actividad cinegética.
“Una intervención judicial de semejante alcance exige una justificación especialmente rigurosa, así como el pleno respeto a los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica”, afirma Tomás Manzano, secretario general de la RFEC y asesor jurídico.
Asimismo, la RFEC lamenta que la actividad cinegética se considere en el auto como una práctica meramente “lúdica”, obviando su dimensión económica, social y ambiental, así como los importantes perjuicios que estas decisiones ocasionan a los cazadores, a las sociedades de caza y a la gestión del medio natural.
La Federación manifiesta su preocupación ante la reiteración de este tipo de ataques promovidos por SEO/BirdLife empleando las sedes judiciales como palanca, que ya se han sucedido en Madrid y Canarias. “Se ha perdido el rumbo. Estas medidas no tienen nada que ver con la conservación. Las estrategias y tiempos que estamos identificando en las acciones de SEO/Birdlife persiguen únicamente maximizar el daño al sector cinegético”, declara el presidente, Josep Escandell.
En esta ocasión, la organización reconoce en su recurso que la suspensión de la orden impugnada no impediría la caza, puesto que las especies y sus períodos hábiles están establecidos por la Ley 4/2021 de Castilla y León. Por ello, en lugar de solicitar su suspensión, ha interesado que el tribunal sustituya los cupos de captura establecidos por la Administración por otros de cero ejemplares.
La RFEC, en representación de todas las federaciones autonómicas, expresa su firme compromiso de defender la actividad cinegética frente a actuaciones que considera injustificadas y desproporcionadas, siempre desde el rigor científico, la seguridad jurídica y el respeto a la legalidad. En este sentido, la entidad se personará en el procedimiento judicial y ejercerá, conjuntamente a la Federación de Caza de Castilla y León, cuantas acciones legales resulten necesarias para defender los legítimos intereses de los cazadores, sin descartar ninguna de las vías que ofrece nuestro ordenamiento jurídico.
Por último, la RFEC recuerda la importancia de que los cazadores participen activamente en iniciativas científicas como el Observatorio Cinegético, el Proyecto Zorzales, el Proyecto Coturnix, PIRTE, RUFA o Aquaves, entre otros, aportando datos rigurosos sobre las poblaciones de especies cinegéticas. Esta colaboración resulta fundamental para disponer de información científica sólida que permita defender ante las administraciones y los tribunales la sostenibilidad de la caza y garantizar su continuidad.